RESIDENCIAS ALFONSO&GONZALEZ

RESIDENCIAS ALFONSO&GONZALEZ
SU LUGAR EN CUBA

jueves, 15 de marzo de 2018

CORRUPCION EN CUBA. PARTE 1



La corrupción política, judicial y administrativa está dentro de los principales problemas que preocupan hoy a la inmensa mayoría de las naciones del planeta. Es causa de crisis social y de descréditos de gobiernos y partidos, cuyos daños económicos a nivel mundial alcanzan, solo en pagos de sobornos, la impresionante cifra de más de un millón de millones de dólares anualmente, según investigaciones de organismos internacionales especializados, como el Banco Mundial.
Para Cuba, este flagelo se concentra en lo fundamental en la gestión empresarial y administrativa y, aunque no pone en riesgo su gobernalidad, no es tan solo un perjuicio económico. La corrupción constituye una potencial amenaza a la seguridad nacional, porque quienes la practican se aprovechan y utilizan en beneficio propio los recursos que el Estado ha puesto en sus manos para el desarrollo de sus funciones y pretenden satisfacer intereses individuales de lucro y ostentación. En la degeneración de los valores éticos, morales y políticos, sus comisores terminan por enajenarse del proceso revolucionario, llegando incluso a preparar condiciones de vínculos en el exterior y a iniciar el camino de traición a la patria.
La corrupción es proceso o conducta que se manifiesta estrechamente vinculada al delito. Sus acciones extendidas en la prestación de servicios provocan un grave daño moral a la nación, lastran seriamente la credibilidad de la Revolución ante la opinión pública y cual oposición contrarrevolucionaria ataca la efectividad deseada en el sostenimiento del orden, la disciplina y la institucionalidad del país.
Es un fenómeno tan contaminante que puede generar apatía en muchos sectores de la sociedad. El peligro mayor es que tanto la población como los actores económicos no aprecien con mucha preocupación estos hechos, no tengan percepción del riesgo que representan para la nación, convivan con ellos y no actúen con la repulsa necesaria.
Sin una participación ciudadana no habrá una presión efectiva contra las acciones corruptas que muchas veces solo pueden detectarse a partir del nivel de vida de los involucrados (de ahí la importancia de la transparencia) porque una buena parte de los recursos resultantes de los hechos delictivos se comercializan en los propios establecimientos del Estado, donde son introducidos por los implicados, quienes así involucran más personas, y simulan legalidad de las ventas, dificultando el enfrentamiento.
El ciudadano honesto que hoy sale a las calles en sus gestiones, no siempre tiene manera de sentirse defendido como consumidor ni en los precios, ni en la tranquilidad de que va a encontrar soluciones en las propias entidades del Estado. Basta ir a una tienda para darse cuenta de la clase de negocio que existe para impedir que las personas accedan directamente a las ventas estatales y estén obligadas a carenar en el “foráneo” que está en la puerta del mismo centro comercial y te ofrece lo humano y lo divino, muchas veces salido de los propios almacenes de la tienda. Peor todavía es la tramitología ante entidades administrativas en las cuales hay personas que abusan de su función pública a quienes hay que darles dinero “por la izquierda” para poder encontrar soluciones en el tiempo adecuado.