La
corrupción política, judicial y administrativa está dentro de los principales
problemas que preocupan hoy a la inmensa mayoría de las naciones del planeta.
Es causa de crisis social y de descréditos de gobiernos y partidos, cuyos daños
económicos a nivel mundial alcanzan, solo en pagos de sobornos, la
impresionante cifra de más de un millón de millones de dólares anualmente,
según investigaciones de organismos internacionales especializados, como el
Banco Mundial.
Para Cuba,
este flagelo se concentra en lo fundamental en la gestión empresarial y
administrativa y, aunque no pone en riesgo su gobernalidad, no es tan solo un
perjuicio económico. La corrupción constituye una potencial amenaza a la
seguridad nacional, porque quienes la practican se aprovechan y utilizan en
beneficio propio los recursos que el Estado ha puesto en sus manos para el
desarrollo de sus funciones y pretenden satisfacer intereses individuales de
lucro y ostentación. En la degeneración de los valores éticos, morales y
políticos, sus comisores terminan por enajenarse del proceso revolucionario,
llegando incluso a preparar condiciones de vínculos en el exterior y a iniciar
el camino de traición a la patria.
La
corrupción es proceso o conducta que se manifiesta estrechamente vinculada al
delito. Sus acciones extendidas en la prestación de servicios provocan un grave
daño moral a la nación, lastran seriamente la credibilidad de la Revolución
ante la opinión pública y cual oposición contrarrevolucionaria ataca la
efectividad deseada en el sostenimiento del orden, la disciplina y la
institucionalidad del país.
Es un
fenómeno tan contaminante que puede generar apatía en muchos sectores de la
sociedad. El peligro mayor es que tanto la población como los actores
económicos no aprecien con mucha preocupación estos hechos, no tengan
percepción del riesgo que representan para la nación, convivan con ellos y no
actúen con la repulsa necesaria.
Sin una
participación ciudadana no habrá una presión efectiva contra las acciones
corruptas que muchas veces solo pueden detectarse a partir del nivel de vida de
los involucrados (de ahí la importancia de la transparencia) porque una buena
parte de los recursos resultantes de los hechos delictivos se comercializan en
los propios establecimientos del Estado, donde son introducidos por los
implicados, quienes así involucran más personas, y simulan legalidad de las
ventas, dificultando el enfrentamiento.
El ciudadano
honesto que hoy sale a las calles en sus gestiones, no siempre tiene manera de
sentirse defendido como consumidor ni en los precios, ni en la tranquilidad de
que va a encontrar soluciones en las propias entidades del Estado. Basta ir a
una tienda para darse cuenta de la clase de negocio que existe para impedir que
las personas accedan directamente a las ventas estatales y estén obligadas a
carenar en el “foráneo” que está en la puerta del mismo centro comercial y te
ofrece lo humano y lo divino, muchas veces salido de los propios almacenes de
la tienda. Peor todavía es la tramitología ante entidades administrativas en
las cuales hay personas que abusan de su función pública a quienes hay que
darles dinero “por la izquierda” para poder encontrar soluciones en el tiempo
adecuado.