La
corrupción política, judicial y administrativa está dentro de los principales
problemas que preocupan hoy a la inmensa mayoría de las naciones del planeta.
Es causa de crisis social y de descréditos de gobiernos y partidos, cuyos daños
económicos a nivel mundial alcanzan, solo en pagos de sobornos, la
impresionante cifra de más de un millón de millones de dólares anualmente,
según investigaciones de organismos internacionales especializados, como el
Banco Mundial.
Para Cuba,
este flagelo se concentra en lo fundamental en la gestión empresarial y
administrativa y, aunque no pone en riesgo su gobernalidad, no es tan solo un
perjuicio económico. La corrupción constituye una potencial amenaza a la
seguridad nacional, porque quienes la practican se aprovechan y utilizan en
beneficio propio los recursos que el Estado ha puesto en sus manos para el
desarrollo de sus funciones y pretenden satisfacer intereses individuales de
lucro y ostentación. En la degeneración de los valores éticos, morales y
políticos, sus comisores terminan por enajenarse del proceso revolucionario,
llegando incluso a preparar condiciones de vínculos en el exterior y a iniciar
el camino de traición a la patria.
La
corrupción es proceso o conducta que se manifiesta estrechamente vinculada al
delito. Sus acciones extendidas en la prestación de servicios provocan un grave
daño moral a la nación, lastran seriamente la credibilidad de la Revolución
ante la opinión pública y cual oposición contrarrevolucionaria ataca la
efectividad deseada en el sostenimiento del orden, la disciplina y la
institucionalidad del país.
Es un
fenómeno tan contaminante que puede generar apatía en muchos sectores de la
sociedad. El peligro mayor es que tanto la población como los actores
económicos no aprecien con mucha preocupación estos hechos, no tengan
percepción del riesgo que representan para la nación, convivan con ellos y no
actúen con la repulsa necesaria.
Sin una
participación ciudadana no habrá una presión efectiva contra las acciones
corruptas que muchas veces solo pueden detectarse a partir del nivel de vida de
los involucrados (de ahí la importancia de la transparencia) porque una buena
parte de los recursos resultantes de los hechos delictivos se comercializan en
los propios establecimientos del Estado, donde son introducidos por los
implicados, quienes así involucran más personas, y simulan legalidad de las
ventas, dificultando el enfrentamiento.
El ciudadano
honesto que hoy sale a las calles en sus gestiones, no siempre tiene manera de
sentirse defendido como consumidor ni en los precios, ni en la tranquilidad de
que va a encontrar soluciones en las propias entidades del Estado. Basta ir a
una tienda para darse cuenta de la clase de negocio que existe para impedir que
las personas accedan directamente a las ventas estatales y estén obligadas a
carenar en el “foráneo” que está en la puerta del mismo centro comercial y te
ofrece lo humano y lo divino, muchas veces salido de los propios almacenes de
la tienda. Peor todavía es la tramitología ante entidades administrativas en
las cuales hay personas que abusan de su función pública a quienes hay que
darles dinero “por la izquierda” para poder encontrar soluciones en el tiempo
adecuado.
Novedosas formas de actuar antijurídicas
Desde antes
del período especial estamos enfrentados en ciertas áreas de servicios a esta
degeneración, que se ha ido agudizando cada vez más por la falta de exigencia
administrativa, y el incumplimiento intencional o negligente de la función de
control por las personas responsabilizadas en los diferentes niveles, que es la
verdadera fuente de las causas y condiciones que posibilitan el desvío de
recursos, los sobornos y abusos de cargos.
Las medidas
en proceso para la actualización del modelo económico cubano, esencialmente las
nuevas formas de gestión no estatal de la propiedad, han generado presión sobre
las entidades y sus directivos por la demanda de recursos y servicios (ante la
carencia de un mercado mayorista de materias primas para desarrollar su
actividad), a lo cual se une la insatisfacción de necesidades esenciales, lo
que sin dudas incide en la permisibilidad y aceptación de estos hechos.
Igualmente,
el incremento de los precios de los productos de primera necesidad, y la
disminución del poder adquisitivo del salario, son factores objetivos que
impactan en la actuación de personas inescrupulosas, que justifican su pérdida
de valores con lo que han dado en llamar “luchar”.
De ahí que
los delitos económicos asociados a la corrupción mantienen su impacto negativo
en los sectores de la economía relacionados con la producción, distribución,
comercialización y venta de alimentos y otros productos de alta demanda
popular, a partir de cadenas delictivas que involucran a directivos,
trabajadores y fuerzas de seguridad y protección, cuentapropistas y personas
desvinculadas que quieren mantener un alto nivel de vida con este “trapicheo”.
La violación de funciones, normas éticas, además del débil control interno y la
desidia en el accionar dentro de algunos colectivos de trabajo, constituye hoy
la base fundamental de abastecimiento al mercado ilegal.
En estas
condiciones se reiteran o han surgido novedosas formas de actuar antijurídicas
mediante defraudaciones, evasiones fiscales, lavado de activos,
falsificaciones, obtención de ilícitos provechos durante las transacciones
comerciales o en el ejercicio de la administración de bienes, entre otras, con
negativo impacto en la economía estatal, donde aparecen vinculados por su
complicidad funcionarios y empleados estatales.
También en
este contexto, autoridades de la Fiscalía señalan la detección de un creciente
vínculo con el exterior en la ocurrencia de ilícitos penales, en ocasiones por
el empleo de las nuevas tecnologías y disponibilidad financiera de algunos
delincuentes, incluidos emigrados, repatriados y extranjeros, varios de ellos
vinculados a las formas de gestión no estatal, con un marcado carácter
corruptor hacia directivos y funcionarios de entidades estatales.
Los sectores
más perjudicados son las dependencias de los órganos locales del Poder Popular,
Comercio y Gastronomía, Agricultura, Transporte, Industria Alimentaria, Sistema
de Vivienda y Planificación Física, empresas nacionales importadoras y la
actividad de comercio exterior y sucursales extranjeras en el país, donde por
lo general están involucrados directores, subdirectores económicos y
productivos, jefes de unidades empresariales de base, jefes de departamentos
jurídicos y especialistas.
Ahora,
además, aparece un matiz nuevo y es que en ocasiones los directivos no siempre
son los organizadores del negocio ilícito, sino que en su lugar debutan
empleados, choferes u otros no vinculados laboralmente como organizadores de
los hechos, valiéndose del poder financiero que poseen. Por excepción, se han
detectado casos de directivos en organismos y lo más lamentable es que casi
todos se venden por bagatelas para beneficiar a los corruptores.
La
Contraloría General de la República ha señalado que la reiteración de causas y
condiciones devela las fallas en los sistemas de control interno. También están
las irregularidades en la planificación económica y en la ejecución y
liquidación del presupuesto, así como la insuficiente definición e
incumplimiento de los mecanismos reguladores generales de la economía.
Asimismo, se
agregan las vulnerabilidades en actividades claves, como las inversiones, los
procesos de negociación y contratación nacional e internacional, que son
vulnerados de diferentes formas, además de las fisuras en la disciplina social
y laboral, y la pérdida del valor del trabajo como medio de vida principal.
A tenor de
la última rendición de cuenta de la Fiscalía General de la República y el
Tribunal Supremo Popular ante la Asamblea Nacional, se reiteró que todavía hay
poca respuesta de los organismos, las empresas y el resto de la administración
en la detección de los hechos, lo que implica que las acciones de control
externo realizadas por las entidades especializadas del Ministerio del
Interior, la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la
República se realizan cuando ya se produjo el hecho y se generó la afectación
al patrimonio estatal.
Los
principales modus operandis identificados se corresponden
con: 1) las falsedades documentarias para justificar el desvío
de productos y bienes durante su posterior comercialización en mercados
estatales, tiendas y el mercado ilegal; 2) adulteración de
documentos para legalizar la adjudicación de inmuebles o terrenos, a cambio de
efectivo u otros beneficios personales; 3) realización por
cajeros de operaciones cambiarias a través de Cadeca, sin registrarlas
contablemente por efectuarlas con efectivo particular; 4) pagos
a trabajadores por cuenta propia por resultados de trabajo que no son
reales; 5) aceptación de beneficios otorgados por directivos
de firmas foráneas durante el proceso de negociación y concertación de
contratos, consistentes principalmente en la aceptación de comisiones, pagos de
viajes al extranjero, cenas, regalos, entre otros; 6) cobro
ilegal de servicios médicos; 7) obtención de beneficios para
retardar o incumplir la ejecución de sentencias de los tribunales y 8) organizar
y mantener negocios ilegales particulares paralelos a la actividad comercial de
entidades cubanas en el exterior.
Cuando una
persona se corrompe es capaz de provocar perjuicios severos a la economía, no
solo por robar uno u otro recurso, sino al cometer delitos que propician la
actividad subversiva y ponen en riesgo la ejecución de proyectos estratégicos.
Especialización en enfrentamiento a la corrupción
El general
de ejército Raúl Castro Ruz alertaba en el mes de julio de 2013 ante la
Asamblea Nacional del Poder Popular: “El cumplimiento gradual de
las nuevas medidas en el campo económico que incluyen las formas de gestión no
estatal, experimentos de diferentes tipos y otras decisiones, condicionará la
manifestación de delitos e ilegalidades con métodos diferentes de organización,
dirigidos a vulnerar los sistemas contables y de enfrentamiento administrativo
y jurídico penal, como las inversiones por cubanos residentes en el exterior o
a través de sus familiares, y no se descarta la utilización de capital obtenido
ilícitamente, que se convierte en una variante de blanqueo o lavado de dinero”.
Conversando
sobre estos temas en la Fiscalía General de la República con Pedro Pablo Cutiño
Diéguez, fiscal-Jefe de la Dirección de Enfrentamiento a la Corrupción e
Ilegalidades, y con Alina Montesinos Lee, fiscal-jefa de la Dirección de
Información y Análisis, salió a relucir que en el ordenamiento legal cubano se
han previsto herramientas que propician la prevención de la ocurrencia de
hechos de corrupción.
Estas
incluyen desde las normas elementales de la contabilidad, el control interno,
la auditoría, la realización de verificaciones fiscales, todas estas de
carácter eminentemente profiláctico y preventivo, hasta las que permiten el
enfrentamiento al hecho concreto detectado, que van desde los típicos delitos,
previstos y sancionados en el Código Penal, hasta la aplicación de
procedimientos confiscatorios administrativos de los bienes obtenidos de manera
indebida.
Los delitos
que se manifiestan en general y que concentran los actos de corrupción son los
siguientes:
1) malversación; 2) cohecho; 3) tráfico
de influencias; 4) evasión fiscal; 5) prevaricación; 6) lavado
de activos; 7) acto en perjuicio de la actividad económica o
la contratación; 8) estafa; 9) negociaciones
ilícitas; 10) revelación de secretos administrativos de la
producción o los servicios; 11) abuso en el ejercicio de cargo
o empleo en entidad económica; 12) revelación de pruebas para
la evaluación docente; 13) abuso de autoridad; 14)
ocultación u omisión de datos; 15) apropiación indebida
y 16) enriquecimiento ilícito.
En nuestra
opinión, quizás sea ineludible acelerar el pensamiento sobre la necesidad de
trabajar por una ley anticorrupción en Cuba, que permita fortalecer la
codificación en una sola norma legal de los principios, las relaciones entre
los factores institucionales que intervienen en el combate y establecer normas
básicas de actuación de obligatoria observancia para todos, lo cual
acrecentaría la institucionalidad del enfrentamiento.
Por lo
pronto, las herramientas antes mencionadas resultan de vital importancia en la
adopción de las medidas correspondientes con la inmediatez requerida para
exigir responsabilidad directa y colateral.
En la
evaluación de los años 2016 y 2017 se han tramitado varias decenas de procesos
penales por hechos de corrupción y los principales responsables fueron
sancionados con severas penas de privación de libertad. Los tribunales
impusieron las sanciones accesorias de prohibición del ejercicio de una
profesión, cargo u oficio, comiso o confiscación del patrimonio adquirido, así
como la exigencia de la responsabilidad civil derivada del delito, la que
resultó cuantificada en millones en moneda total.
En la
ejecución de las sanciones se da seguimiento a la ubicación de los inculpados
en los centros penitenciarios para asegurar el rigor en el cumplimiento de las
condenas.
